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OBRE LAS CARMELITAS AGUAS DEL RÍO CAGUÁN, DECENAS DE CANOAS, PLANCHONES Y LANCHAS

de diversos tamaños permanecen estacionadas en los cinco muelles que hay en el casco urbano de Cartagena del Chairá, municipio del Caquetá ubicado a más de cuatro horas de Florencia. Todas esperan la llegada de los lancheros para adentrarse en lo más profundo de la selva.

Hacia las 6 de la mañana, con los rayos del sol aún tímidos y una brisa mañanera cargada de humedad, las embarcaciones encienden motores para emprender un largo viaje hacia el Bajo Caguán, una zona cuyo nombre aún resuena como una metralleta en la memoria de los colombianos. Unas transportan pasajeros y otras prestan servicios de carga para víveres, ganado, madera y otros productos agrícolas.

 

El recorrido desde los muelles hasta el último rincón del Bajo Caguán, zona que abarca más de 40 veredas de los núcleos uno, dos y tres, puede durar hasta diez horas, 320 kilómetros en los que aparecen miles de tortugas asoleándose en las playas de arenas blancas o sobre las ramas de los manglares, acompañadas por babillas y una que otra garza esbelta que sobrevuela en busca de algún pez para cazar. Las atarrayas y anzuelos no hacen parte del panorama: la pesca es una actividad que no existe.

 

La belleza del Bajo Caguán embruja, pero su encanto ha ido desvaneciéndose en los últimos años. Los árboles amazónicos, con alturas superiores a los 20 metros, son cada vez más escasos: la motosierra los ha cercenado para dar paso a inmensos pastizales, dejando como evidencia de su existencia pequeños troncos quemados en medio del ganado. Los estragos de la deforestación son evidentes hasta en las orillas, tanto así que las vacas beben de las aguas del Caguán con facilidad.

El fuerte olor a boñiga demuestra que la ganadería es la principal actividad en la zona. Por el río suben y bajan a diario enormes planchones de 20 metros de largo cargados con decenas de cabezas de ganado, provenientes de las fincas del Bajo Caguán y la zona rural de Cartagena del Chaira, donde habitan más de 21.000 personas. Los hatos ganaderos pululan en la primera hora que hay de recorrido por el calmado río Caguán.

CICATRICES ABIERTAS

La presencia humana en la parte baja del río, que va entre los muelles del casco urbano de Cartagena del Chairá hasta el inicio del municipio de Solano (Putumayo), es escasa. Sin embargo, hay una sensación de que ojos ocultos vigilan la zona, miradas silenciosas que aunque no son evidentes, agudizan los sentidos de los pasajeros que van en las lanchas. 

 

Ese panorama de desolación cambia en promedio cada hora, cuando en el cuadro aparecen viviendas de madera y bahareque, pintadas con colores llamativos y encendidos, aglomeradas en las zonas pobladas que hacen parte de las riberas del río Caguán, como Santa Fé, Peñas Coloradas, Remolinos del Caguán, Monserrate, Santo Domingo y El Guamo.

 

Estos sitios viven sumergidos en un pasado cargado de violencia, narcotráfico y muerte, recuerdos que afloran en los ojos de sus habitantes, quienes no hablan más de la cuenta y prefieren encerrarse en sus casas al son de vallenatos y rancheras cuando algún extraño pisa sus tierras. Son discretos y distantes, y tienen toda la razón de serlo.

 

Durante cinco décadas estuvieron gobernados por el Bloque Sur de las Farc y sus frentes 14, 15 y 63, grupo guerrillero que en la zona rural de Cartagena del Chairá tuvo uno de sus principales fortines y uno de los centros de cultivos de coca más prósperos del país, actividad ilícita que le dio de comer a la población.

 

En los terruños del Bajo Caguán ocurrió el peor golpe militar en la historia de Colombia, conocido como la toma de El Billar, una quebrada donde el Ejército tenía un batallón para controlar las acciones bélicas de las Farc. El 3 de marzo de 1998, luego de una larga operación de inteligencia que logró infiltrarse en las tropas militares, más de 1.200 guerrilleros rodearon la zona, acorralaron a los militares, asesinaron a 65 de sus miembros y secuestraron a otros 43. 

En junio de 1997, las Farc presionaron al gobierno: exigieron desmilitarizar 13.661 metros cuadrados de Cartagena del Chairá para liberar a 70 secuestrados del ataque a la base militar de Las Delicias, una zona que fue utilizada para trasladar guerrilleros de un frente a otro. 

 

Peñas Coloradas muestra lo golpeada que fue la zona por los coletazos de la violencia. La que fue la vereda más próspera y comercial del Bajo Caguán y el epicentro de venta de la hoja de coca, hoy luce como un cementerio de casas abandonadas, carcomidas por la manigua y el paso del tiempo, con los barrotes de las ventanas oxidados por la humedad.

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En esta vereda habitaban cerca de 1.500 personas, quienes en 2004, en plena puesta en marcha del Plan Patriota, que buscaba desarticular las estructuras de las Farc en Caquetá, Putumayo y Meta, decidieron abandonar sus hogares por miedo a los fuegos cruzados con el Ejército. 

 

Ninguno regresó y Peñas Coloradas pasó a convertirse en un sitio de espantos habitado sólo por la Armada Nacional, donde tiene su mayor punto de control en el Bajo Caguán. Todas las embarcaciones que transitan por el río deben estacionar allí para un chequeo de control, que puede tardar más de media hora, al igual que en las tres lanchas pirañas que hay a lo largo del río, donde piden documentos. Las fotografías y videos están prohibidas en estos lugares.

 

Remolinos del Caguán, una inspección a unas tres horas del casco urbano de Cartagena del Chairá, podría catalogarse como la capital del Bajo Caguán. Es la más habitada, con cerca de 800 personas, presenta las mejores calles y viviendas y el comercio más activo. Pero sus habitantes guardan miedo, a pesar de que la Armada tiene un puesto de control dentro de la zona. Para fotografiar algún paisaje es mejor pedir permiso.

En todo el corazón de Remolinos, un monumento construido por las Farc en los años 80, un mapa de Colombia dividido en dos, donde la parte de la Amazonia pintada de verde es defendida por una familia de tres personas (padre, madre e hijo), es el símbolo de la comunidad. La Parroquia de San Isidro Labrador, construida en 1986 por el párroco Giacinto Franzoi en forma de maloca indígena, es otra de sus joyas arquitectónicas.

 

En Cartagena del Chairá hay reportadas 12.764 víctimas del conflicto armado entre 1984 y 2019, con un tope apoteósico en 2004, cuando más de 8.500 personas aseguraron haber padecido de algún hecho victimizante. El Registro Único de Víctimas incluye 211 actos terroristas o atentados, 4.687 amenazas, 41.885 casos de desplazamiento, 1.879 homicidios y 145 secuestros.

CAQUETÁ Y GUAVIARE

PROYECTO DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y SOSTENIBILIDAD EN EL CORAZÓN DE LA AMAZONIA 

INSTITUTO AMAZÓNICO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS SINCHI

UNA PAZ QUE NO LLEGA 

 

Con la desmovilización de las Farc en 2017, producto de la firma del acuerdo de paz, muchos de los habitantes del Bajo Caguán pensaron que las cosas iban a cambiar para bien, que el Estado iba a llegar a la zona para mejorar la calidad de vida de la población y que la paz sería parte de su hasta ahora complicado ordenamiento territorial.

 

Pero no fue así. Aunque los enfrentamientos bélicos no han vuelto a presentarse, la ausencia palpable del Estado ha ocasionado que las disidencias hagan una presencia cada vez más fuerte, advirtiendo que el control del territorio sigue en sus manos.

 

La inspección de Monserrate, conformada por 200 personas, una de las últimas zonas pobladas del Bajo Caguán, sirve como ejemplo del miedo que ya ronda entre la comunidad. Parece un pueblo fantasma, sin niños en las calles o señoras barriendo las entradas de las casas. Sólo se escucha música popular al interior de las viviendas. Muchos aseguran que las disidencias rondan por ahí, averiguando quién llega, de qué habla la gente y qué están haciendo. Por eso, las fotografías están prohibidas.

 

Los líderes sociales, que por años han tratado de defender los derechos de las comunidades, reciben amenazas anónimas para que silencien su voz de protesta contra el abandono, la falta de oportunidades o la realidad que vive la zona. Pero siguen en su lucha.

“Mis papás querían que tuviera buenas bases escolares, así que me mandaron a Bogotá. Allá hice el bachillerato con las monjas del Rosario y alcancé a hacer cinco semestres de trabajo social en la universidad. Quería aprender a trabajar para la gente, en especial la de mi departamento. Yo nací líder”.

 

 

 

La educación es un privilegio para pocos: los niños hacen su primaria en alguna de las escuelas veredales, casi todas construidas por la misma comunidad, pero para estudiar el bachillerato solo hay dos internados, con costos que muchos no pueden asumir. Los entes de control no existen, ni nadie que tenga a su cargo el levantamiento de un muerto. 

 

No hay quien brinde seguridad o se encargue de resolver una riña entre vecinos. Las juntas de acción comunal son la única figura que brinda manos amigas. El transporte fluvial público, una barca con capacidad para 50 personas, solo sale del casco urbano de Cartagena del Chairá los miércoles, viernes y domingos, y regresa el mismo día; el pasaje tiene un costo cercano a los 70.000 pesos. 

 

Pero la gran chalupa no llega a todas veredas, como El Guamo, ubicada a 320 kilómetros del casco urbano, la más lejana del Bajo Caguán, donde sus habitantes tienen que pagar por combustible y negociar con otros lancheros para llegar hasta sus casas. Una embarcación necesita en promedio 15 galones de gasolina para un viaje, y cada uno tiene un precio de 15.000 pesos. Para ir al centro de salud de Remolinos, la población de El Guamo debe conseguir una chalupa para viajar por el río cerca de cinco horas.

 

La mayoría de veredas del Bajo Caguán padece por la luz. Aunque el gobierno le ha dado paneles solares a varios de los miembros de la comunidad, muchos compraron plantas eléctricas y combustible para poder hacer uso del servicio. En Remolinos, los restaurantes encienden estos aparatos al mediodía, en algunas horas de la noche y los fines de semana.

 

La tierra del olvido quiere ser vista de otra forma. Sus habitantes están cansados del abandono estatal y de las etiquetas como guerrilleros y cocaleros, que los han perseguido durante décadas. En este especial, SEMANA RURAL le da voz a varios de los líderes comunitarios y habitantes del Bajo Caguán, quienes no bajan la guardia por tratar de defender su territorio y sus derechos.

 

También revela un proceso de más de cuatro años liderado por el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi) con más de 140 familias, quienes luego de recuperar un poco la fé en el Estado, hoy aprenden que vivir del bosque es una buena alternativa.

NELLY BUITRAGO ES UNA DE LAS LÍDERES MÁS RESPETADAS Y CON MAYOR TEMPLE EN EL BAJO CAGUÁN. CADA VEZ QUE LEVANTA SU VOZ, ÉSTA RESUENA CON FUERZA Y TODOS LA ESCUCHAN, AUNQUE SU CARÁCTER ESCONDE MALTRATOS POR TRATAR DE DEFENDER SU TERRITORIO. HOY LIDERA A LOS HABITANTES DE SU VEREDA, EL GUAMO, PARA QUE PROTEJAN EL BOSQUE.

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“Mis papás querían que tuviera buenas bases escolares, así que me mandaron a Bogotá. Allá hice el bachillerato con las monjas del Rosario y alcancé a hacer cinco semestres de trabajo social en la universidad. Quería aprender a trabajar para la gente, en especial la de mi departamento. Yo nací líder”, dice esta elegante mujer con cabello canoso e iluminaciones moradas, perfectamente maquillada, con las uñas pintadas de colores fuertes, manillas en sus muñecas y vestida con una cusma, camisa elaborada por los indígenas.  

 

Pero a los 18 años conoció el amor y quedó embarazada. “Se me acabó la dicha”, recuerda. Le tocó sola, ya que su amorío fue pasajero y su familia tomó la noticia como un escándalo. Luego de tener a la mayor de sus dos hijas, su vida empezó a cambiar. “Yo estudié con Gloria Lara de Echeverri, quien fue concejal en Bogotá y embajadora de la ONU a quien secuestraron y mataron. Ella estaba trabajando con el Ministerio de Gobierno y me dijo: Nelacha, ¿quiere trabajar en Caquetá por los indígenas? Mi respuesta fue que sí”.

 

Durante varios años recorrió el Caquetá y se enamoró de los indígenas. Luego conoció a Luis Hernando Turbay, quien era intendente del departamento. “Don Hernando me propuso ser consejera intendencial, trabajo que consistía en ver qué cosas necesitaba la gente y ayudarle con auxilios. Hicimos muchas obras, ayudé a niños y a muchas personas necesitadas. Así estuve como ocho años, participé en la llegada de la telefonía rural y abrí sedes del Bienestar Familiar. Fue un tiempo muy bonito, dele y dele por la gente”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nelly regresó al Ministerio. No perdió su puesto, ya que había pedido una licencia. “Volví a trabajar en el tema indígena, a quienes amo. Yo creo en la reencarnación, y pienso que en mi vida pasada fui un mico al que los indios alimentaron con muchas pepas. Por eso me gusta vestirme con batolas indígenas”.

En 1974, el ministro de la época le mostró un mapa del departamento, donde Nelly reconoció de inmediato a los ríos Caquetá y Orteguaza. “Pero él puso su dedo sobre un río que desembocaba en el Caquetá hacia el sur: el Caguán. El mapa tenía escrita la palabra huitoto. Mi jefe dijo que tendría el reto de buscar a esos indígenas. Acepté y me pusieron como líder de una comisión de seis personas. Busqué un motorista para que me llevara hacia lo profundo de la selva y me fui a buscar a esos indios”.

Con 30 años de edad, Nelly hizo su primer viaje por el calmado y carmelito río Caguán, un terreno para muchos desconocido. Cuando la embarcación iba llegado a la bocana del Caguán, unas autodefensas comunistas pararon la comisión. 

 

“Esos mugres tenían una organización por la selva. Me dijeron que no podía entrar al Caguán, a lo que respondí que era mi misión encontrar a los huitoto. Trataron de persuadirme asegurando que no habían indios, pero me mantuve firme. Estaban angustiados porque yo era el primer funcionario público y mujer que entraba allá. Además, en esa época ya empezaba el furor de la coca”.

 

La organización comunista los mandó para un sitio a dos horas de la bocana, donde los iba a atender una comisión. Nelly sintió miedo, ya que tenía frescos los episodios del M-19 en el Caquetá. “Vivíamos parapetados. Una vez, ese grupo me pintó el deslizador (embarcación) con un dibujo que decía ‘Turbay, el gran demagogo’. Además, ya tenía conocimiento de la presencia de las Farc en la zona”.

 

Llegó con sus compañeros al sitio seleccionado por los comunistas. Entraron a una casa y les dieron de comer, hamacas y zancuderos viejos. “Yo escuchaba atenta lo que hablaban esos personajes. Uno dijo que había matado a un negrito y lo enterró en un hueco. Me puse a temblar. Allí estuvimos tres días, hasta que llegó el líder de la organización. Le hablé con calma pero directa y le dije que era una funcionaria que venía a buscar a unos indígenas. A las dos horas recibí la respuesta: vaya, pero solo por los indios”.

CON 30 AÑOS DE EDAD, NELLY HIZO SU PRIMER VIAJE POR 

EL CALMADO Y CARMELITO RÍO CAGUÁN 

El deslizador cogió rumbo hacia el Bajo Caguán, selva adentro. En el viaje por el río, Nelly se convirtió en enfermera. Curó a un señor que casi pierde un brazo con un hacha y a una mujer que estaba abortando en una canoa. Pero nada que veía a los huitotos. “No había ni un indio, ni un lugar llamado así. Llegué a El Guamo, uno de los últimos sitios habitados de la zona, donde estaban haciendo una escuelita en tablas. En Las Palmas me robaron el deslizador y la gasolina. Me puse brava. En ese sitio era donde se reunía la organización comunista. Le dije de todo a esa gente. Yo entré al Caguán peleando”.

 

En ese alegato Nelly vio que la gente de la zona vivía con miedo, temor y no estaba organizada. Entonces les propuso conformar juntas de acción comunal. “Me comprometí con ayudarles en su organización y a encargarme de todo el papeleo. Cuando regresé del Caguán a Florencia lo primero que hice fue buscar a un promotor y contarle lo que quería hacer: ayudar a organizar la comunidad”.

 

Siguió visitando el Caguán seguido, pero no a buscar huitotos. “Dimensioné lo que era la coca, una mata que desconocía. Una vez, por el río, encontré un bote lleno de esa semilla y me dijeron que era yuca. Yo caí redonda. Me enamoré de El Guamo, así que a finales de 1976 compré un pedazo de tierra. La Nellicita iba a tener coca”, cuenta entre risas.

Nelly pasó cinco años viajando por el río Caguán, tiempo en el que compró un pequeño terreno en El Guamo. A finales de los 70 renunció a su cargo como funcionaria pública y decidió irse del todo al Bajo Caguán. Primero vivió en un tipo de camping en su pedazo de tierra. Cultivó coca, se volvió a enamorar, la volvieron a dejar y fue ahorrando para adquirir algo más grande. “Ya llevo cuarenta y pico de años en la vereda y pienso seguir aquí hasta que me muera”.

 

Conformó la junta de acción comunal de El Guamo y organizó a la comunidad, como lo había prometido. “Creamos reglas internas para vivir mejor, producir más la tierra y defender el bosque. En 1979 llegó la guerrilla de las Farc. Fue un domingo y de repente por el río llegó un deslizador repleto uniformados. Pensamos que era el Ejército y nosotros llenos de coca. ¡Qué susto! Salí corriendo y un señor de esos me habló. Me aclaró que no era de la policía sino de la guerrilla. Sentí un corrientazo frío. No fue grosero. Esa noche hicieron una rumba en una caseta, la cual duró hasta el amanecer”.

 

Al día siguiente, la gente de El Guamo, liderada por Nelly, conversó con las Farc. Ella tomó la palabra e informó que ya estaban organizados y no le hacían daño a nadie. “Su mensaje fue que entre todas las juntas debíamos ayudar a crear el manual de convivencia, lo que nos iba a regir para siempre. A los 15 días fuimos a una finca y allá lo elaboramos”. 

 

El jefe del Bloque Sur de las Farc, alias Fabián Ramírez, reunió a la comunidad para informar los resultados. “Se puso debajo de un palo y dijo: señores presidentes, esta es la herramienta que tienen las comunidades para seguir trabajando. Todos lo debíamos cumplir las reglas, que eran cero violaciones, ladrones, vicios y secuestros. Un puño valía 50.000 pesos, un machetazo 200.000 y un tiro 500.000. Los patrones de la coca también tenían compromisos, como sembrar tres hectáreas de comida por una de coca. Una de las órdenes más claras fue cuidar el bosque. Fue un proceso bonito, una organización comunal que hemos tenido todo este tiempo”.

 

Doña Nelly, como es conocida en el Bajo Caguán, compró un terreno para construir la casa de sus sueños, en madera, de dos pisos y llena de árboles y matas. “Al comienzo solo tenía una choza, pero con mucho esfuerzo pude construir mi hogar. Ahí conocí a Roosevelt, que en esa época era un pelado de no más de 21 años, y hoy es el amor de mi vida, mi gran apoyo”. 

 

Cumpliendo con el manual de las Farc, Nelly siguió como líder de El Guamo y del núcleos uno del Bajo Caguán, conocido como el más organizado. “Al estar organizados evitamos que gente de afuera viniera a manejarnos a su antojo”.

A mediados de los 90, al enterarse de que sitios como el Bajo Caguán iban a ser fumigados por aire para acabar con los cultivos de coca, la gente empezó a hablar de las marchas campesinas cocaleras, algo que Nelly no compartió al comienzo. 

 

“No estuve de acuerdo, porque sabía que no iban a servir. Estados Unidos ya estaba detrás de todo el plan de fumigación. Iban a fumigar con o sin nosotros, ya que decían que en el Bajo Caguán no había nadie viviendo, que éramos nómadas y solo íbamos a las fincas a cultivar. Carlos Ossa Escobar fue a Remolinos, una de las inspecciones, y vio la realidad. Le dijimos que queríamos ayudas, pero nunca cumplió con lo que prometió”.

 

Antes de las marchas, Nelly propuso conformar una comisión para ir a Bogotá y hablar con los cargos del alto nivel para demostrarles que en el Caguán sí vivía gente. “Como cosa rara me nombraron a mí para liderar. Llevamos gente del Ministerio del Interior, estupefacientes y medioambiente a Cartagena del Chairá y a los puertos de las veredas en el río. Vieron los laboratorios de coca, que eran rudimentarios, con plásticos y canecas. Lo que buscaban eran pipetas y esas cosas. Todo lo que vieron no sirvió, así que tocó hacer las marchas”.

 

La comunidad convenció a Nelly de que servía para la política, y que una buena opción era ser alcaldesa de Cartagena del Chairá. “Nos lanzamos dos personas de la juntas, por el movimiento ‘Integración por la vida y la paz’, que decían era de la guerrilla, algo falso. Las Farc nos ayudaron a cimentar las organizaciones, pero jamás nos dieron un peso”. 

 

Se lanzó a la Alcaldía, algo que movió fibras en el municipio. Admite que siempre dice lo que piensa y de frente, sin mandaderos, y si algo no le gusta no se lo traga. “Ese es mi mayor defecto. Tenía esa piedra en el zapato. Eso no le gustaba a la asociación que reunía a las 300 juntas del Caguán, la cual sabía que si yo llegaba al cargo, no dejaría que hicieran más bellezas, como pedirle plata a los campesinos. Al final de cuentas ganó el otro candidato, perdí por un voto, pero sumé casi 12.000”.

 

Luego la convencieron de postularse a la Cámara de Representantes, para ella un grave error. “Yo quería mostrar la verdadera cara del Caguán y que nos quitaran esa marquilla que nos acompaña de guerrilleros y coqueros. Mi sueño era demostrarle al mundo que el Bajo Caguán es un emporio de paz, algo por lo que debemos seguir luchando. Eso no gustó en muchas partes”.

 

Según Nelly, el día de las elecciones fue la clara ganadora hasta horas de la noche. Al día siguiente dijeron que ganó su contrincante, por más de 1.000 votos. “La gente no creyó. Esas elecciones estuvieron compradas, todo el mundo decía eso. Entonces me iba a ir para mi finca en El Guamo, pero me dejé convencer de quedarme en Cartagena del Chairá a administrar un estadero que tenían las juntas, llamado el Edén. Eso fue durante los primeros años del nuevo siglo”.

 

El Edén era un balneario con una piscina natural. La tarea de Nelly era sacar ganancias del lugar, por medio de la venta de carne, verduras, gaseosas y eventos. Un día, el cielo se estremeció con la llegada de 12 helicópteros. “Uno de esos se estrelló y murieron cuatro personas. Me subieron a uno de los helicópteros y me dijeron que me llevaban a Puerto Lara para hablar con un comandante. En tierra me dejaron en una ratonera y nadie me daba razón de lo que pasaba. Al otro día me echaron en un camión y me llevaron para una cárcel”.

ASEGURA QUE LOS PARAMILITARES TRATARON DE  

MATARLA CUANDO ESTABA PRESA.

REGRESO AL HOGAR

 

Al salir de la cárcel, Nelly fue a visitar a su mamá en Florencia, ya que se deterioró mucho por su captura. “Parecía una araña, más flaca que una bicicleta. La mandé para Bogotá feliz por verme, y yo decidí regresar a El Guamo, al Bajo Caguán, a donde pertenezco. A seguir trabajando por mi comunidad”.

 

Vio su finca en ruinas. Había contratado a un mayordomo para que la cuidara y alimentara a los animales, pero destinó su tiempo en la bebida. “Yo tenía como 67 animales, y encontré menos de 10. Roosevelt también había salido de la zona para evitar problemas. Cuando regresamos, el gran árbol que se puede ver desde la ventana de la cocina, estaba viringo y seco, a punto de morir. Mi esposo dijo que se iba a recuperar con mi llegada. Le cogí de la mano y le aseguré que ese árbol éramos nosotros, y que Dios nos iba a dar una nueva oportunidad para levantarnos”. 

 

Y así pasó. Fue elegida de nuevo como presidenta de la junta de El Guamo. Poco a poco, el árbol volvió a reverdecer y a albergar centenares de loros, quienes no habían vuelto desde que ella fue capturada. “A pesar de los golpes y amenazas, jamás pensé en no regresar al Caguán. Mi vida está acá y quería seguir luchando por recuperar el tejido social, organizar de nuevo el núcleo y retomar las cosas. Cuando llegué, la gente estaba feliz de verme”.

 

“Yo no sé que me dieron desde el primer día que pisé El Guamo”, recuerda entre lágrimas. “Me enamoré de inmediato. El Bajo Caguán y mi vereda son mi vida, si me obligan a irme no se que va a pasar. Sería muy triste”.

ABANDONO ESTATAL

 

 

Doña Nelly reconoce que el Estado no ha podido ingresar fácil al territorio debido a la fuerte presencia de las Farc. Sin embargo, admite que tras la firma del acuerdo de paz y la desmovilización de la guerrilla, son pocas las entidades del gobierno que han llegado a reconstruir un territorio donde las carencias son múltiples. 

 

“Cuando sale la guerrilla, empezaron a tumbar bosque. La deforestación creció como espuma, debido a que ya no había quién lo prohibiera. Y como el Estado no hizo presencia, nos quedamos sin alguien que pusiera autoridad. Esa ausencia nos afectó mucho a los líderes, ya que la gente no hace caso. Ya hemos presenciado riñas y robos. Ahora nos regimos por el Código de Policía, pero no es lo mismo. La verdad admito que sí hace mucha falta las Farc para poner orden al territorio”.

 

Aclara que las Farc del Bajo Caguán no fueron hostiles con los campesinos. “Nos ayudaron a organizarnos y a respetar el territorio. Por eso no había tala, riñas o muertes entre nosotros. Con el gobierno fue todo lo contrario. Llegó fue a hacer una persecución supuestamente para la guerrilla, pero fue para todos los campesinos del Caguán. Nos querían sacar de la tierra. Las Farc jamás nos dijeron cojan un chopi y póngase a disparar”.

 

Otra muestra de la ausencia del Estado es que, según Nelly, todas las escuelas de las veredas han sido construidas por ellos mismos, sin ningún apoyo estatal. “Por iniciativa propia, 600 familias del núcleo 1, que alberga 16 veredas, conformamos la Asociación Campesina Integral Comunitaria Núcleo 1 (Acaiconucacha), con el fin de tener personería jurídica y empezar a buscar proyectos y recursos que mejoren nuestra calidad de vida”. 

 

Solo tiene un recuerdo amargo relacionado con la guerrilla. De sus dos hijas, la mayor, la que tuvo en Bogotá en sus años universitarios, hizo parte de las Farc. “La encarretaron con el pensamiento social. En el monte tuvo un niño, y me lo mandó para que lo cuidara. Lo tuve como hasta los 12 años, hasta que decidió irse a donde su mamá. A los 16 años lo mataron, no supimos quién. Como era hijo de la guerra, nadie hizo nada. Mi hija mayor salió de la guerrilla con el Plan Colombia, pero estaba enferma del corazón y murió en Bucaramanga. La menor, gordita pero bonita, me dio dos nietas, que viven en Cartagena del Chairá”.

VIVIR DEL BOSQUE 

 

Para Nelly, las entidades que más han hecho presencia en los últimos años son la Cruz Roja, Red Caquetá Paz, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y más reciente el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi). “Con el Sinchi pusimos en marcha un programa para conservar el bosque, en el que más de 140 familias de la zona firmamos acuerdos de conservación para proteger las zonas boscosas de las fincas y recibimos insumos como árboles maderables, cacao y plátano”. 

 

Ella fue una de las personas que ayudó a convencer a la comunidad sobre la veracidad del proyecto. “Al comienzo nadie creyó. Las promesas incumplidas del gobierno han generado una desconfianza y mucha falta de fé. Entonces, después de entender que nos iban a favorecer con árboles maderables, cacao y un ordenamiento en las fincas, empecé a motivar a la gente. Los años que llevo de liderazgo me ayudaron, la mentira no hace parte de mí”.

 

“Es un proyecto bonito”, apunta esta abuelita con el pelo morado. “Tenemos cacao y maderables, y estamos comprometidos con el cuidado del bosque. Trabajar con la naturaleza fue como un renacer en la comunidad, hacer algo distinto a la coca. Queremos hacer una ganadería bien hecha, pero estos esfuerzos son difíciles. El año pasado decidí dejar la presidencia de la junta por un problema con un colono, que estaba talando bosque en un baldío. Me trató mal y me dijo bruta por dañarle el negocio”.  

 

En su casa en El Guamo, de dos pisos, toda en madera, cinco habitaciones, varias hamacas y cuadros religiosos, siempre está acompañada por Tita, una perra labradora, y Ati un fila grande, viejito y manso. Todos los días mira el árbol lleno de pericos que la representa y dice en voz alta: no pararé de trabajar por el bien de la comunidad del Bajo Caguán. 

 

“Un líder comunal se lleva en el alma. Han sido años de una lucha que no pienso dejar. El Caguán es mi vida. Mi nuevo proyecto es generar nuevas opciones para las mujeres. Ya creamos un grupo que se llama ‘Mujer rural misterio de amor que da vida’”, con el que pretendemos hacer proyectos que le den a la mujer más alternativas, no solo criar hijos”.

“TODA PERSONA CON MÁS DE CINCO AÑOS EN EL CAGUÁN, ERA ACUSADA DE GUERRILLERA"

 
 

EN 2018, A NUBIA PERDOMO LE LLEGÓ EL RUMOR DE QUE LA IBAN A MATAR SI NO ABANDONABA SU LUCHA POR LA COMUNIDAD DE REMOLINOS DEL CAGUÁN. LE TOCÓ IRSE PARA FLORENCIA, PERO AÚN CONSERVA LA ESPERANZA DE VOLVER A SU PUEBLO PARA DEFENDER LOS DERECHOS DE LA GENTE.

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“Me dijo que le había salido un contrato en Remolinos del Caguán, una inspección del Bajo Caguán, territorio de Cartagena del Chairá. Yo lo pensé un tiempo. Luego me llamó desde allá, asegurando que estaba aburrido de estar solo. Que necesitaba mi compañía. Y yo acepté irme para allá”.

 

La vida color de rosa que había imaginado junto a su pareja, la cual dio como fruto a una hija que hoy tiene 26 años, fue solo un sueño romántico en la mente de Nubia, una mujer de voz fuerte, gran sonrisa y bastante creyente. “Al señor le quedó gustando la mafia, el dinero sucio y la coca, que abundaban por esa época en Remolinos. Se dejó contagiar por la prostitución y el trago, por lo cual lo dejé”.

 

Vivió sola por un tiempo, hasta que su corazón volvió a latir, lastimosamente por la persona equivocada. “Tampoco me fue bien. Era igualito al primero. El trago, la droga y la prostitución, toda esa vida chévere, afectó a casi todos los hombres de Remolinos. Las mujeres tenían pocas opciones: aguantar mucho, ser muy sumisas o vivir solas. El machismo imperaba por todo lado. Pero yo, como caqueteña, no soy así y detesto dejarme mangonear. Me volví a separar, a pesar de tener otra hija con él”.

 

La pareja había comprado una finca en la vereda La Primavera. Luego de la separación de bienes, a Nubia le correspondió el terreno, en donde estuvo encerrada dedicándose a las labores del campo junto a sus dos hijas. “Pero vivir sola es muy duro y en una finca mucho más. Le pedí a Dios que me pusiera en el camino a alguien que me valorara”.

 

Conoció a su príncipe azul, Wilson, quien la respeta como mujer, un hombre responsable, trabajador y juicioso. El 23 de febrero de 2003 se casaron en la iglesia del pueblo. “Él tiene su finca y yo la mía. Con mucho trabajo logramos poner dos establecimientos: uno de venta de productos agrícolas y un billar. Él no es machista, aunque eso no significa que yo lo mande. Todo es por mitad”.

DESPUÉS DEL AMOR

 

Nubia tuvo dos hijas más, frutos de la unión con el hombre que tanto quería encontrar. El comercio fue su fuerte, hasta que en 2006 le picó el bicho de trabajar por las comunidades, debido a las frecuentes represiones militares contra los campesinos del Bajo Caguán.

 

“El gobierno nos tenía prohibido traer remesas por el río, es decir productos para comer, ropa y demás cosas. Una familia tenía que hacer filas de 100 personas para que le autorizaran llevar una remesa a casa. Eso me motivó a trabajar por la gente. Organizamos una asociación de comerciantes para reclamar nuestros derechos. El Ejército pensaba que todo lo que traíamos en los botes era para la guerrilla. No podíamos llevar nada negro. Estudiamos las leyes y ganamos la batalla”.

 

En 2008, la comunidad sufrió una de sus peores rachas. El gobierno empezó a capturar a los habitantes del Bajo Caguán, supuestamente por ser parte de las Farc. “Un domingo, a las 7 de la mañana, llegó a Remolinos una mano de helicópteros con funcionarios de la Fiscalía, CTI y el Gaula de la Policía a capturar 25 comerciantes, según ellos por pertenecer a las milicias de las Farc. Llamé a la junta, al padre y a las hermanas de la caridad para ver qué podíamos hacer para ayudar a la gente, cuando me dicen que yo estaba entre las personas que iban a meter presas”.

 

A Nubia la sacaron de su casa esposada. Ya la iban a montar al helicóptero, cuando su esposo llegó a defenderla. “Él suplicó que no me llevaran, que tenía dos niñas pequeñas y un nieto de seis años que necesitaban a su mamá y abuela. Pues me quitaron las esposas y se lo llevaron a él. Estuvo dos años preso por delito de rebelión. Toda persona que viviera más de cinco años en el Bajo Caguán era tachada como auxiliadora de la guerrilla. Mi esposo estuvo en varias cárceles, como La Picota, en Neiva y Florencia. Pero logramos demostrar su libertad. En la última audiencia, el fiscal pidió su libertad y dijeron que era inocente. Estamos esperando la indemnización”.

ADIÓS A SU TERRUÑO

Esta mujer, de cabello negro azabache y piel trigueña, siguió trabajando por las comunidades de Remolinos del Caguán, en especial por los comerciantes. “Mi propósito era darle voz a los que no pueden hablar, y no por estar mudos, sino porque no pueden expresarse o sienten miedo de hacerlo. Soy una líder comprometida con reclamar los derechos, expresar los sentimientos de la comunidad y buscar el bien común”.

 

En 2017 fue nombrada presidente de la junta de acción comunal de Remolinos, algo que no le gustó a muchos. “Como jamás me he dejado tentar por el dinero sucio, muchas cosas empezaron a surgir y querían comprarme para que no dijera ciertas cosas. Siempre he sido muy correcta, y por eso llevo casi 30 años viviendo acá”.

 

En enero del año pasado, la vida de Nubia sufrió su mayor revés. Recibió una amenaza que ponía en peligro su vida y la de la familia que tanto soñó. “La amenaza que recibí fue demasiado rara. No fue personal, sino por una llamada telefónica. Un día, la vicepresidenta de la junta iba para Florencia desde Cartagena en carro. Unos hombres armados pararon un vehículo buscándola. Gracias a Dios ella estaba en otro carro. Le dejaron el mensaje de que la iban matar. Pidió ayuda y la llevaron al Gaula. Luego la trasladaron a Ibagué. A los 8 días la llamaron para decirle que se comunicara conmigo para advertirme que mi vida estaba en peligro si no me iba de Remolinos”.

 

Según Nubia, los portadores de la noticia eran funcionarios del Gaula. No entendió por qué la Policía daba ese tipo de razones, así que empezó a averiguar. “Me dijeron que las disidencias eran los que me tenían amenazada, pero no entendí por qué ellos daban el mensaje. Respondieron que ellos tenían gente infiltrada y que esa era la información que conocían. Me asusté mucho y me fui con mi familia para Florencia, dejando todos los bienes y pertenencias en el pueblo. Estuve siete meses allá asustada, pasando necesidades, ya que yo vivo de la finca y mis negocios”.

 

Pero algo no le cuadraba. Entonces se enteró que los supuestos hombres de las disidencias que la habían amenazado estaban en la cárcel de Florencia. “Me armé de valor y fui a visitarlos. Hablé con ellos, les pregunté por qué me querían matar si no me conocían. Me dijeron que no tenían idea de nada. Entonces yo les pedí perdón por si me habían escuchado en alguna reunión diciendo algo incorrecto. Insistieron en que jamás habían escuchado que me iban a matar”.

 

Con un poco más de calma, aunque aún sin conocer la verdad, Nubia regresó a Remolinos a ver sus tierras y negocios. Allá reflexionó de lo que pudo haber pasado. “Yo tuve varias discusiones por la empresa que iba a encargarse de la luz en el pueblo. Como junta apoyábamos a un grupo de la comunidad, pero había una empresa privada que quería hacerse cargo. Chocamos fuerte, así que creo que de ahí salieron las amenazas. Me dijeron que si quería guardaespaldas para la seguridad, pero así no podría venir”.

 

Aunque regresó a Remolinos, su estadía es temporal. Renunció a la junta y solo visita su pueblo esporádicamente para ver los negocios, ya que aún tiene miedo. “La vida es una sola y yo quiero muchos años más para ver crecer a mis hijas y nietos. Espero que Dios me haga el llamado cuando esté bien vieja”.

REMINISCENCIAS AMARGAS

Sus años en el Bajo Caguán no han sido fáciles. Nubia ha recibido impactos por ambos bandos: la guerrilla de las Farc por sus acciones bélicas y el Estado con la persecución y hostigamientos contra los habitantes de la zona.

 

“En el tiempo de la guerrilla mataron a muchos inocentes por ignorancia. Los camaradas y cabezas de la organización creían todo lo que decían los milicianos, gente civil que trabajaba con ellos. Si alguien les caía mal, decían que era un sapo y lo mandaban a matar. Así perdí a una hermana, que desapareció en Cartagena del Chairá, y a un sobrino que me lo mataron. Sin embargo, la guerrilla sí nos educó y enseñó a ser responsables, trabajadores, a que nadie matara, robara o violara. Con el Estado fue esa cruel persecución donde nos sindicaron por vivir más de cinco años en la región”.

 

Desde que llegó al Caguán, lo más notable para Nubia ha sido el abandono del Estado, al que califica como total. “Hasta ahora es que estamos viendo algunos proyectos por parte del Estado, y disfrutando de cosas distintas como lo que hizo en Instituto Sinchi para que protejamos el bosque y sembremos árboles maderables. Más de 140 familias participaron y queremos hacer una ganadería sostenible. Pero las carencias son enormes: la pavimentación del pueblo la hemos hecho con nuestro trabajo y dinero, y en una época nosotros le pagábamos el sueldo a los maestros”.

 

Ve con buenos ojos los acuerdos de paz, ya que considera que el Estado ve a su comunidad con otros ojos. “El Bajo Caguán es más que guerrilla y coca. Somos familias luchadoras que quieren sacar a sus hijos adelante. Espero que el proceso de paz nos traiga más beneficios al campo”.

 

Sin embargo, denuncia que con la desmovilización de las Farc han sido testigos de desorden, venta de marihuana y bazuco y robos. “Hasta muertes entre los civiles, cosa que antes controlaba la guerrilla. Sin el Estado, cualquiera le pega un tiro a otro y no pasa nada, porque no hay quien castigue. En diciembre mataron a un comerciante y su asesino estuvo suelto como si nada durante dos meses. Ahora tiene casa por cárcel”.

 

Ya hay varias disidencias en la zona, afirma Nubia. “Están como desde hace dos años y algunas han vuelto a controlar la zona y reducir los robos y desorden. Tienen el mismo accionar que antes. No estoy diciendo que estoy de acuerdo con que haya Farc o cosas al margen de la ley, pero en estas partes tan abandonadas, donde el Ejército no se mete, ellos organizan y ayudan a mantener ordenadas a las comunidades”.

UN CAGUÁN CON DERECHOS

Un monumento en el centro de Remolinos del Caguán, el mapa de Colombia dividido en dos, con la parte inferior pintada de verde sujetada por una familia que trata de evitar que se la lleven, simboliza la lucha de Nubia y su comunidad.

 

“Cuando llegué acá ya estaba. Lo había construído las Farc en los 80. Yo le dije a uno de los comandantes de la guerrilla que me explicara qué simbolizaba el monumento. Me dijo que era el robo que le han hecho a Colombia por parte de los extranjeros y que nosotros los pobres tenemos que enrollarnos la tierra para impedirlo. Y eso significa para mi: que las comunidades no nos dejemos robar el país”.

 

En la actualidad, lo que más aqueja a la comunidad del Bajo Caguán es la salud. Según Nubia, mucha gente ha muerto por la falta de atención y por las carencias de medicinas y personal que los atienda. 

 

“Hace poco un señor murió por falta de una bala de oxígeno. En Remolinos tenemos un centro de salud, pero está deteriorado y nada sirve. Los equipos son como de los años 40. Un enfermero viene esporádicamente, al igual que el odontólogo. No sabemos qué es un médico. Todos estamos amenazados de muerte porque no tenemos ni primeros auxilios. Cada día nuestra vida está en riesgo”. 

 

Recuerda que uno de sus vecinos casi muere por la mordedura de una serpiente. “Hace seis meses lo mordió una, y como no hay medicamentos, él se curó solo con remedios caseros. Hace poco lo volvió a morder un bicho, y los remedios ya no sirvieron. Llamé al coronel del Ejército y le supliqué que nos ayudara. Gracias a Dios nos envió un helicóptero y lo pudieron llevar a Florencia, donde se salvó. Si lo hubiéramos llevado en lancha, fijo se muere. Son más de seis horas hasta Cartagena”.

 

Nubia sueña con un Caguán donde toda la comunidad tenga garantizados todos los derechos: salud, educación, poder ir a la universidad y seguridad social. “Queremos una paz idónea y que el Caguán sea un territorio sin droga, sin corrupción y sin amenazas”.

BERENICE MURCIA, UNA DE LAS LÍDERES DE LA VEREDA DE EL GUAMO, AFIRMA QUE A LA POBLACIÓN LE HAN VIOLADO TODOS SUS DERECHOS COMO SERES HUMANOS. "NO TENEMOS SERVICIOS DE SALUD NI UN TRANSPORTE ASEQUIBLE PARA PODER COMERCIALIZAR NUESTROS PRODUCTOS. VIVIMOS EN LA TIERRA DEL OLVIDO".

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Berenice Murcia vivió durante una década en ‘la nevera’, sobreviviendo a diario para poder comer y pagar el arriendo de su humilde morada, hasta que otro campesino de su terruño boyacense, del que se enamoró perdidamente, le propuso emprender un largo viaje hacia lo más profundo de las selvas del Caquetá, en donde el cultivo de coca les permitiría ganar más pesos y mejorar su calidad de vida.

 

“Me dijo que nos fuéramos al Bajo Caguán, zona rural de Cartagena del Chairá, donde varios de sus amigos vivían bien de la coca. Al principio me dio mucho miedo, ya que para nadie era un secreto que la zona estaba gobernada por las Farc y que habían muchos enfrentamientos con el Ejército. Pero como no tenía nada que me atara y estaba enamorada, le dije que sí. Abandoné Bogotá a los 28 años de edad”.

 

En 1996 pisó por primera vez los suelos del Bajo Caguán. Llegó con su pareja a la vereda Las Palmas, la más alejada del casco urbano de Cartagena del Chairá, a donde sólo se llega en lancha luego de un viaje de más de diez horas. “Todos vivían de la coca. No había nada de ganado y me dijeron que debíamos cumplir varias reglas impuestas por las Farc”.

 

Según Berenice, llegó en una mala época. A los 15 días empezaron las marchas campesinas cocaleras, una protesta al gobierno por querer sacar a la gente que había vivido de la coca durante décadas. “Fue muy duro. Empezamos a padecer las represalias por parte del Estado, muchas veces nos tocó ir a dormir al monte. No me lograba adaptar a esa forma de vida, además corrían rumores de que los paramilitares nos iban a matar”.

 

Esta mujer, de voz cándida y pelo negro que le llega hasta lo más bajo de la espalda, no participó en las marchas. “Yo me quedé en la finca. Ví como toda la zona estaba casi que desocupada. El gobierno había restringido el ingreso de los insumos, entonces al Bajo Caguán no llegaba nada de comida, ni siquiera arroz. Nos tocó pescar, algo raro en la zona. Pero decidí quedarme del todo, tal vez porque me enamoré del Caguán. Ya llevo 23 años por acá y no me pienso ir”.

 

Al poco tiempo, la pareja de enamorados compró un terreno en la vereda El Guamo, cercana a La Palma, donde también vivieron de la coca. A los seis años, su compañero se aburrió y le propuso irse a Boyacá. Berenice le dijo que no, ya que ahora su verdadero amor era el Bajo Caguán. “Él se fue y yo me dediqué a criar algunas vacas en las 100 hectáreas de la finca”.

NACE UN LÍDER

 

Cuando decidió quedarse del todo en el Bajo Caguán, los habitantes de El Guamo le dijeron que fuera la presidenta de la junta de acción comunal, cargo que al comienzo no le interesó. “Les dije que no tenía mucho estudio y no sabía nada del manejo de las comunidades. Fue tanta la briega que acepté, algo que cambió mi vida: comprendí que mi misión era trabajar por el bien de la gente. Hice muchas amistades y empecé a asistir a reuniones”.

 

En esos encuentros, Berenice conoció a los miembros de las Farc, lo que al comienzo le causó terror. “Pero no recibí hostigamientos o amenazas por parte de ellos. Me presentaron las normas que regían, que no eran malas ni absurdas, solo cosas para vivir tranquilos y ordenados. Teníamos que asistir a todas las reuniones, bajo el riesgo de morir si se presentaba un operativo por parte del Ejército”.

 

Con la ayuda de otros líderes, empezó a ayudar a su comunidad. Lideró la construcción de la escuela de la vereda y puso como norma el compromiso de no talar los frondosos árboles de la montaña del núcleo uno del Bajo Caguán, que agrupa a las últimas 16 veredas de la zona. “Tenemos que admitir que las normas de las Farc le dieron fuerzas al campesino para organizar sus comunidades. Hoy tenemos autoridad propia, sin que nadie nos mande”.

 

Su relación con el Ejército tampoco fue desafortunada, aunque sí más lejana. “En sus operativos por controlar a la guerrilla hacían muchas arremetidas, quemándole las casas a la gente. En el núcleo uno sobrevivíamos de milagro. No es cierto que teníamos extensas tierras llenas de coca, cada familia sacaba no más de 40 arrobas para medio vivir. Otros sitios del Bajo Caguán si eran grandes cocaleros, como Peñas Coloradas y Remolinos, pero las últimas veredas no. Pero todos quedamos estigmatizados”.

PERSECUCIONES Y ABANDONO

Entre 2004 y 2006, en plena marcha del Plan Colombia o Patriota, que buscaba combatir a la guerrilla y acabar con los cultivos ilícitos, cinco personas de El Guamo fueron sindicadas como terroristas o auxiliadores de las Farc, incluída Berenice.

 

“Fue una persecución contra los líderes. Entonces nos unimos y decidimos ir hasta Cartagena del Chairá para buscar un abogado que nos ayudara y nos sacara limpios de ese proceso injusto. Nos querían meter presos por seguir el manual de las Farc, y nos tachaban como parte de la guerrilla. El propósito era acabar con las organizaciones comunitarias”.

 

No pudieron detenerlos, ya que el abogado demostró que no habían pruebas en su contra. “Eso fue por unirnos organizadamente. Le dimos un poder al abogado, y al año nos dijeron que estábamos limpios. Yo seguí en mi rol de líder de El Guamo en la junta”.

 

La desmovilización de las Farc en 2017 puso fin a los enfrentamientos armados, pero el abandono por parte del Estado siguió como si nada. “Son pocas las entidades que han llegado a darnos ayudas. En las zonas más alejadas del Bajo Caguán, nuestros derechos como seres humanos han sido vulnerados de todas las maneras posibles”.

 

Berenice denuncia que en El Guamo son escasas las brigadas de salud, y que las pocas ayudas solo llegan a las veredas cercanas al casco urbano de Cartagena. “A ellos sí les dieron paneles solares, tienen transporte fluvial casi que a diario, cuentan con servicios de salud y pueden sacar fácil sus productos para venderlos. Las áreas más lejanas carecemos de eso, una violación a nuestros derechos. Acá no tenemos derecho a nada, cuando debería ser lo contrario. Los que habitan cerca son los ganaderos que tienen dinero”.

SIN DERECHO A ENFERMARSE

 

Berenice, quien se volvió a enamorar de un habitante de El Guamo, que tenía dos hijos a los cuales crío como si fueran suyos, afirma que tiene un récord: la cita médica más cara del mundo. 

 

“En El Guamo y Las Palmas no hay centros de salud o algo que se le parezca. Para ir al médico tenemos que ir a Cartagena para sacar una cita. En estos días tengo una, para la cual tengo que destinar como 700.000 pesos para ir y venir, eso sin contar con la comida y si una amiga me da posada. Si me llegan a remitir a Florencia, que es lo más seguro, tengo que contar con más dinero para el transporte terrestre y la estadía, es decir como un millón de pesos. Y si el médico me manda a hacer exámenes más profundos, el viaje se alarga”.

 

Como es normal en casi todo el país, lo más seguro es que a esta mujer le manden unas pastas y le ordenen un nuevo control en tres meses. “En el Bajo Caguán no tenemos derecho a enfermarnos. Si uno no se toma unas hierbas para enfrentar el dolor, pues le llega la muerte. Eso es una clara violación a todos los derechos”.

 

Decadencia. Así resume Berenice la actualidad de su tierra adoptiva. “Todo ha venido en una acelerada decadencia en los últimos años. Antes, en las veredas de Monserrate y Santo Domingo, medio cercanas a El Guamo, habían puestos de salud. Hoy en día son elefantes blancos, unas paredes blancas destruyéndose sin un enfermero que recete una pastilla. El Estado no existe y no destina recursos para mejorar ese tipo de cosas”.

NUEVAS OPCIONES

La comunidad no se queda de brazos cruzados. Desde 2016, por medio de un programa del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi), más de 140 familias del Bajo Caguán han recibido insumos, como árboles maderables y cultivos como cacao y plátano, a cambio de suscribir acuerdos de conservación en las áreas boscosas de sus fincas.

 

Berenice es una de las beneficiarias. “Al comienzo no entendíamos nada. Además, como tenemos poca fé en el gobierno, pensábamos que nos iban a quitar las tierras. Después de muchas socializaciones, entendimos que nos iban a dar una nueva opción productiva, y que a su vez protegeríamos las montañas. Nos dieron como opción plantar maderables con cacao y plátano en tres hectáreas a cambio de no tocar el bosque. Entendí que sería una inversión a largo plazo y nos iba a ayudar a mejorar la economía”.

 

Más de 230 árboles maderables de abarco y plantas de cacao, recibió esta líder comunitaria. “También nos enseñaron a organizar mejor el ganado para evitar que siga la deforestación. Muchos no quisieron participar y ahora están arrepentidos. Es una nueva opción que antes no teníamos. En 20 años, los maderables, cuando estén grandes, nos van a representar un buen dinero que nos servirá como pensión. También vamos a tener una planta para hacer concentrados con el fruto de una palma”.

MUJERES UNIDAS

 

En su trabajo como líder, Berenice y otras amigas comprendieron que debían hacer algo por el bienestar de la mujer, inspiradas en un trabajo realizado del movimiento Mujer Misterio de Amor que Da Vida a la Vida (Mumidavi). 

 

“Hace como dos años, este movimiento vino al núcleo y nos reunió a varias mujeres en un encuentro de tres días. Nos dijeron que debíamos asociarnos solo las mujeres para hacer cosas en pro de nosotras, en crear proyectos que hicieran ver a la mujer como algo más que una madre o la encargada de poner orden en los hogares”.

 

Berenice y Nelly Buitrago, otra de las líderes del Bajo Caguán, empezaron a contarles el cuento a otras mujeres. Pero muchos de los esposos brincaron en su contra, ya que piensan que les van a enseñar a ser rebeldes y a no hacerles caso. “Por ahora somos 20, y nos llamamos mujeres rurales que dan vida. Buscamos recursos y personas que nos enseñen a hacer cosas, como artesanías, tejidos u otros proyectos. Hace poco hicimos un taller de muñecas. Una señora nos enseñó a hacer pañaleras y muñecas de trapo. Muchas las vendieron. Este proyecto es muy bonito y esperamos sacarlo a flote para beneficiar a las mujeres luchadoras del Bajo Caguán”.

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Uno de esos colonos fue Asael Rodríguez, quien llegó desde Pitalito (Huila) para vivir de la coca en el Bajo Caguán, territorio en donde el Bloque Sur de las Farc tenía uno de sus principales epicentros. “Llegué muy pollo, con la ilusión de vivir de esa bonanza. Y así fue, me encontré con un inmenso fortín de coca del cual vivían todos los habitantes de la zona. Unos raspaban la hoja y otros fumigaban. Era la única economía, ya que las vacas no hacían parte del panorama”.

 

Pero antes de vivir del negocio, tuvo que pagar una sanción impuesta por las Farc. “Durante seis meses tuve que permanecer quieto en la vereda El Guamo, donde tengo mi hogar. No podía salir a ningún otro lado. Cuando terminé de cumplir la sanción, quedé libre para moverme por el territorio”.

 

Según Asael, los campesinos del Bajo Caguán no sufrieron de hostigamientos o enfrentamientos por parte de la guerrilla, ya que cumplían con el manual de convivencia que los regía a todos. “Las Farc ejercieron el poder con sus leyes, las cuales eran cosas buenas que iban en contra del vicioso, del ladrón y de los que se meten en bochinches. Al que no cumplía le aplicaban sanciones, como trabajar cultivando yuca o plátano o hacer trochas. Esas reglas nos ayudaron a conformar organizaciones comunitarias con buenas bases”.

 

El accionar del Estado para quitarle poder a la guerrilla si damnificó a la población campesina. Este hombre de 51 años asegura que desde La Tagua en Putumayo, salía un buque militar lleno de deslizadores, que llegaban a la zona a sembrar zozobra y miedo al campesino por los enfrentamientos. “Muchos teníamos que desplazarnos. Yo me iba por un mes a Puerto Leguízamo, que era lo que duraban las represiones militares”.

PLAN FATAL PARA LOS CAMPESINOS

 

Los enfrentamientos entre el Ejército y las Farc tuvieron su mayor apogeo en la década del 2000, bajo el Plan Colombia o Patriota implementado por el ex presidente Álvaro Uribe. “Fue un hostigamiento demasiado bravo contra los campesinos. Por atacar a la guerrilla caía la comunidad. Muchos se desplazaron y varios desaparecieron. Los enfrentamientos entre ambos bandos fueron duros. Desde la vereda El Guamo, una de las más alejadas y donde jamás se presentó una de esas peleas, escuchábamos los bombardeos”.

 

Asael asegura que en esa época, la Cruz Roja Internacional fue la salvación para la comunidad, en especial para las personas que fueron sindicadas como terroristas o guerrilleros, como le pasó a él. “A muchos líderes nos acusaron por cosas que jamás hicimos. La Cruz Roja y las Naciones Unidas nos ayudaron a buscar abogados. Mi caso decía que había puesto una bomba en Bogotá, ciudad a la cual conocí cuando tenía como cinco años y jamás volví. No me metieron a la cárcel porque se comprobó que todo era mentira. Pero varios líderes de veredas como Santo Domingo si estuvieron presos”.

PAZ EN MEDIO DE LA SOLEDAD

 

Con la firma de los acuerdos de paz, los habitantes del Bajo Caguán creían que al no contar con las reglas guerrilleras, todo iba a convertirse en un caos, con ladrones, violaciones y cero organización. “Pero no fue así. Las juntas de acción comunal teníamos buenas bases, y lo que pasó fue que nos fortalecimos más y tomamos nuestras propias riendas. Todo ese trabajo ha sido a pulso y ante la total ausencia del Estado”.

 

Asael afirma que el gobierno no le ha cumplido varios acuerdos a la población, como el tema de la sustitución de cultivos ilícitos. “La coca ha desaparecido, ya que muchos dejaron de hacerlo por los incentivos que el gobierno se comprometió a pagar. El cumplimiento ha sido a medias. En la bonanza cocalera, un productor sacaba entre 5.000 y 10.000 arrobas de coca, ahora por mucho salen 200”.

 

El actual presidente de la junta de El Guamo dice que la población no tiene fé en el Estado. “Es difícil creer en algo que nunca ha estado presente. Somos muy incrédulos de la parte gubernamental. El campesino no siente tranquilidad ni confianza por el Estado. Con el proceso de paz y posconflicto, muchas entidades se antojaron de venir al Caguán. Hicieron estudios y dejaron promesas incumplidas”.

 

En cuanto a la presencia de disidencias y estructuras residuales de las Farc, Asael dice que ha escuchado fuertes rumores, pero no le consta. “Lo que está pasando es que muchos se excusan en esos grupos para tapar sus actividades. Así pasó hace poco con un robo de ganado: dijeron que eran de las disidencias, pero era falso. Se trataba de jaladores de ganado. En los últimos ocho meses he visto gente extraña por el río, pero no me consta que sean ellos”.

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“Los más grandes son los bongos, utilizados para llevar carros. Le siguen los ferris y remeseros, donde viaja el ganado. Para transportar pasajeros hay de todo: botes línea o canoas, con capacidad para 70, deslizadores o voladoras para 23 y yumbos para no más de ocho. Los más pequeños son chalupas, potrillos y araguanas, pero los que más abundan son los peques, canoas en madera que andan despacio y utilizan un motor con una hélice”, dice Juan Ortiz, un hombre de 41 años nacido en San José del Fragua, municipio del Caquetá,

 

Llegó a Cartagena del Chairá a los 12 años, en el año 1990, cuando su papá se cansó de viajar por varios municipios de la Amazonia trabajando como transportador fluvial y aserradero. Su progenitor ya le había enseñado el arte de maniobrar embarcaciones, una actividad que desempeñará hasta que Dios mande.

 

“Ya llevo 23 años como transportador fluvial del río Caguán, un afluente tranquilo, carmelito y silencioso del cual me enamoré desde que llegué al municipio. Por mis venas no corre sangre, sino el agua de este río”, asegura Juan, quien vive en el casco urbano de Cartagena junto a su esposa y sus cuatro hijos.

 

Sus primeros años en el Bajo Caguán y en Cartagena los vivió en total calma, a pesar de que era una zona cocalera y gobernada por el Bloque Sur de las Farc. “Era un pueblo tranquilo, con las calles destapadas y casi todas las casas en madera. El comercio era muy bueno, con un ambiente muy chevere y gente sana. Al comienzo sentí miedo, porque la palabra guerrilla suena fuerte. Pero me moví con tranquilidad por diferentes sitios, llevando pasajeros y mercancía hasta veredas como Las Palmas y El Guamo, las más alejadas. Nunca supe lo que fue un hostigamiento por parte de las Farc”. 

 

Juan recuerda con nostalgia esos años en los que podía dejar la puerta de su casa abierta sin miedo a robos o delincuencia. “Dejábamos las bicicletas en la calle y nadie se las robaba. En las veredas era igual. La gente dejaba la finca sola y los vecinos la cuidaban, hasta alimentaban a los animales”. 

 

Este hombre, con la piel curtida por el río y una sonrisa inamovible, afirma que las leyes impuestas por las Farc evitaron que la delincuencia y los vicios estuvieran presentes en el Caguán. “Para mí eran leyes sanas. Por ejemplo, estaban prohibidas las violaciones y robos, y todos sabíamos que si alguien cometía alguna de esas acciones, se tenía que ir o morir. En las veredas vivían tranquilos, ya que podían mandar a los niños a estudiar sin preocupación. Los pequeños caminaban hasta una hora por montes y potreros y no les pasaba nada. Los reglamentos de las Farc fueron elaborados con las comunidades. Todos nos cuidabamos”.

 

ADIÓS A LA CALMA

 

Según Juan, todo cambió en el inicio del nuevo milenio, cuando arrancaron las acciones del Plan Colombia o Patriota, que pretendían poner fin al conflicto armado y a la coca. 

 

“Yo me movía como un pez por el Caguán, sin ningún inconveniente. Pero cuando llegó el Plan Colombia, hasta el año 2010, la cosa se puso crítica. Bajó el comercio, escaseaban los pasajeros y toda la población fue objetivo militar. Decidí irme como tres años a Bogotá, esperando que las cosas mejoraran. Dejé mi casa abandonada y la perdí, porque no tenía ningún papel”.

 

La estrategia del gobierno afectó a la población del Bajo Caguán. “Quería exterminar a la guerrilla a punta de fuego y sangre. Eso perjudicó a la zona del Caguán, ya que fuimos declarados zona roja y los ciudadanos vistos como objetivo militar. Por eso, en 2005, arranqué para Bogotá. Llamaba a cada rato para ver cómo marchaban las cosas, y cuando hubo más calma regresé”.

 

Cuando el Ejército se tomó al Bajo Caguán y fueron militarizadas varias veredas, la desolación llegó a los sitios bañados por las aguas del río. “Con el fin de combatir la delincuencia, empezó la decadencia de veredas como Santa Fé, Cristales y Peñas Coloradas, que quedaron destruidas. La guerrilla hacía presencia en todo lado, pero había una asociatividad con la comunidad para que se hicieran bien las cosas, libres de delincuencia”.

AIRES DE PAZ, PERO...

 

Para Juan, con la firma de los acuerdos de paz todo empezó a calmarse en el Bajo Caguán. “Hubo cese al fuego y cero combates o bombardeos, algo que sí vimos en el Plan Colombia, cuando los bosques y las fincas fueron rafagueadas. Vivimos tranquilos y la economía empezó a cambiar. La coca disminuyó y la gente cambió su mentalidad. La ganadería se convirtió en el nuevo modo de vida”.

 

Sin embargo, este transportador fluvial afirma que el Estado no ha llegado a apoyar a las comunidades, en especial para garantizar que los productos de las fincas puedan comercializarse. “El problema más grande está en las zonas alejadas, donde la única vía de acceso es el río. No hay carreteras y el transporte por el río es muy costoso. Los motores consumen mucha gasolina y por acá no hay estaciones de servicio. La gente que vive lejos no tiene apoyo para comercializar sus productos, entonces el maíz, arroz y plátano se pierden”. 

 

Juan afirma que los botes línea, encargados de transportar pasajeros, solo llegan dos o tres veces a la semana a las entrañas del Bajo Caguán, pero solo van hasta Santo Domingo. “El costo del pasaje oscila entre los 125.000 y 140.000 pesos, dependiendo del costo del combustible. Pero la gente de las veredas más apartadas, como El Guamo y Las Palmas, tiene que pagarle a los dueños de los peques, canoas pequeñas para seis pasajeros que demoran hasta seis horas en llegar, para poder ir a sus casas. El alquiler de esta embarcación puede llegar hasta los 200.000 pesos”.  

 

Otro factor que le afana es la oposición a los acuerdos de paz. “En la zona ya hacen presencia nuevas guerrillas, organizaciones residuales de las Farc que por una u otra razón no están satisfechas con el acuerdo porque dicen que no les han cumplido. En el municipio de La Montañita, muchos guerrilleros decidieron regresar a la ilegalidad por falta de cumplimiento del Estado. Además, nos afana la muerte silenciosa de líderes sociales, ex guerrilleros y gente que se ha reintegrado”.

 

En varias veredas, donde ya hacen presencia las disidencias, está prohibido tomar fotos o hacer videos, al igual que en las cinco zonas donde la Armada hace presencia. “Son puntos declarados como zona roja, donde hay disidencias o militares. Si estas personas ven a alguien tomando una foto, lo declaran como persona que está haciendo inteligencia, un sapo. El Ejército piensa que va a llevar información a la disidencia, y visceversa. No sabemos quiénes son los de las nuevas estructuras residuales, ya que están muy camuflados”.

 

NO HAY INVERSIÓN SOCIAL 

 

Las más de 22.000 personas que habitan la zona rural de Cartagena del Chairá y el Bajo Caguán, sobreviven en medio del abandono del Estado. “Acá no hay una inversión social que garantice nuestros derechos como seres humanos. La salud es precaria, la educación es mínima y no hay ayudas para mejorar el transporte por el río”, dice Juan.

 

La salud es lo que más le preocupa, ya que en la zona solo hay un centro de salud en la inspección de Remolinos del Caguán, que casi siempre está cerrada y no cuenta con herramientas para atender una emergencia. “Si alguien se enferma tiene que ir por el río más de ocho horas hasta Cartagena en una lancha rápida, y por acá no hay tanta plata para alquilar ese transporte. En el centro de salud solo hay insumos para primeros auxilios. Si alguien de El Guamo sufre un accidente, tiene que contratar un peque hasta Santo Domingo, y de ahí una lancha rápida hasta Remolinos. Acá no tenemos derecho a enfermarnos”.

 

Hace poco, Juan fue testigo de una muerte por la carencia del servicio de salud. “Una muchacha de las veredas más alejadas presentó un problema en su embarazo. Llegó a Santo Domingo en un peque, y ahí esperó por una lancha para que la atendieran en Cartagena. Una comisión de la Alcaldía trató de ayudarla, pero la muchacha murió en Monserrate, al igual que su bebé. A los lancheros nos gustaría ayudar en esos casos, pero no contamos con el combustible suficiente para movernos hacia otros lados. Si un enfermo alcanza a llegar a Cartagena, tampoco tiene asegurado nada, ya que allá el hospital no presta el servicio completo. Casi siempre los remiten a Florencia, un viaje de cuatro horas en carro”.

 

En Remolinos del Caguán hay una ambulancia fluvial, pero muchas veces no puede andar por el costo del combustible. “En la zona rural no hay estaciones de servicio. Cada lanchero tiene que comprarlo en Cartagena, pero para eso piden muchos permisos. Por ejemplo, una persona de a pie tiene derecho a llevar 55 galones, pero un trayecto de cinco horas, con un motor de dos tiempos, consume más de 180 galones. De Remolinos hacia abajo no hay embarcaciones rápidas, solo peques que andan a 10 por hora”.

 

Las veredas del Bajo Caguán si cuentan con escuelas, construidas por la misma comunidad. Sin embargo, muchas permanecen desocupadas por la falta de maestros. “De qué nos sirve tener una escuela bonita y con buen material si nadie dicta clase. Muchos de los fincarios, como les llamamos a los que habitan en estas veredas, tienen que mandar a sus hijos a Florencia u otras ciudades para que estudien; eso sí tienen los recursos para hacerlo. La educación rural es muy precaria. Un niño tiene que caminar hasta dos horas para llegar a la escuela, pero allá les enseñan lo mismo que en las casas: ser jornalero y medio lector”.

“EL ESTADO JAMÁS HA GARANTIZADO LA SOBREVIVENCIA DE LA GENTE DEL BAJO CAGUÁN" 

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Una cartulina pegada en la fachada de una vivienda evidencia que la vereda sí está habitada. Anuncia la reapertura de la discoteca Mandrágora, con peleas de gallos, premios, rifas y comida como carne de res y marrano. Sonidos de tangos y vallenatos provenientes del interior de las casas, casi todas en madera y pintadas con colores llamativos y encendidos, también es un indicio de la presencia humana. 

 

William Mellizo, un hombre de 41 años que actualmente es el presidente de  la la Asociación Campesina Integral Comunitaria Núcleo 1 (Acaiconucacha), conformada por 16 veredas de esta parte del Bajo Caguán, está sentado en un pequeño restaurante tomándose una taza de café. La dueña del local agacha la mirada ante la presencia de personas desconocidas y coge rumbo hacia los fogones de la cocina.

 

Don William, serio y de pocas palabras, aclara con una frase todo el panorama de silencio que baña a Monserrate. “Acá no podemos hablar. Vamos a otro sitio donde nadie nos vea”. Una banca cubierta en madera, al lado de la cancha de fútbol, fue el sitio escogido para la charla.

 

Con la mirada inquieta y advirtiendo que está prohibido tomar fotos o videos, este padre de dos hijos, que nació en Villavicencio, empieza a contar su historia en el Bajo Caguán, sitio al que llegó hace 22 años para dictar clases en las destartaladas escuelas de las veredas.

 

“Tenía 19 años cuando llegué al Caguán. Lo hice porque mi mamá ya estaba acá trabajando como enfermera, quien me dijo que se vivía bien. Encontré puesto como profesor, a pesar de no contar con más estudio que el bachillerato. Durante nueve años, le enseñé a leer, sumar y otras cosas a los niños de primaria. Es esa época, 1997, esto estaba lleno de coca, y lo que se movía era lo ilícito”.

 

En su arribo al Caguán, después de ver la venta y los cultivos de coca, William fue testigo de que la guerrilla de las Farc era la única autoridad. “Acá desconocemos lo que es el Estado. Por eso los campesinos reconocíamos a las Farc como la única autoridad y nos ceñíamos a sus reglamentos, como no robar, atentar contra alguién, cero chismes o problemas por las fincas. En sí vivíamos en relativa paz”.

 

Compró un terreno en la vereda El Convenio, una de las últimas del Bajo Caguán, donde cultivó coca, maíz y plátano. Casi que enseguida fue elegido como presidente de la junta de acción comunal, una actividad que lo perjudicó durante la década del 2000. “Ahí inició la persecución del Ejército hacia los líderes, a quienes nos tachaban de guerrilleros. Muchos fueron capturados y los llevaron a la cárcel, y otros pasaron a mejor vida. Recibimos amenazas colectivas por nuestro trabajo y por ser del Caguán”. 

 

NO DESFALLECE

 

Aunque toda su comunidad fue estigmatizada bajo la etiqueta de guerrilla y coca, William continuó como presidente de la junta. Al poco tiempo, por los buenos resultados, lo eligieron como coordinador del núcleo uno del Bajo Caguán, que cubre a 16 veredas donde habitan cerca de 600 familias.

 

Para este líder social, luego de la firma de los acuerdos de paz, la mayoría de los guerrilleros salió de la zona, y así llegó el desorden y la inseguridad. “Eso pasa porque el Estado nunca ha garantizado nuestra sobrevivencia y jamás ha hecho fuerte presencia. Está la Armada por el río, pero los militares no garantizan la seguridad. Si aparece un ladrón o un violador, un problema por las tierras o una simple riña, no hay quien haga justicia. Su función es controlar el tráfico de drogas y la presencia de las Farc”. 

 

Esos casos son atendidos por la comunidad, a través de los comités agrarios, encargados de resolver los problemas por linderos en las fincas, y los comités de conciliación, en los casos sociales. “Pero si pasa a mayores no tenemos una entidad del Estado a donde ir. Cuando eso pasa, los miembros de las Farc que no salieron de la zona tras la firma del acuerdo, es decir las llamadas disidencias, se encargan de poner control en el territorio”.

 

La ausencia del Estado no solo afecta el orden en la región. Derechos fundamentales como la salud y la educación brillan por su ausencia. “En cada vereda hay una escuela, pero para hacer el bachillerato hay que ir a Remolinos del Caguán, donde hay un internado. Eso cuesta plata, así que la mayoría de niños solo hace hasta quinto de primaria y luego se pone a trabajar. Algunos prefieren enviar a sus mujeres y niños a Cartagena del Chairá u otros sitios poblados, para que los hijos estudien. Por eso en la zona hay muchos solinos, hombres que se quedaron solos trabajando en las fincas”.

 

La salud es aún más crítica. “Los del núcleo uno solo tenemos un puesto de salud en Santo Domingo, si es que a eso se le puede llamar así. Nada funciona y está cerrado todo el tiempo. Por épocas viene una enfermera. Pero si alguno de nosotros presenta algo urgente, lo más posible es que no sobreviva. Toca ir en lancha hasta Cartagena o Puerto Leguízamo, horas y horas de camino por el río. Nadie tiene derecho a enfermarse. El Estado debería estar pendiente de eso, hacer más brigadas de vacunación y traernos insumos buenos”.

 

William no ha recibido amenazas personales recientes por su trabajo como líder, “pero sí tenemos una amenaza global por ser del Caguán. Somos objetivo militar. Acá no se sabe si el malo es bueno o el bueno es malo. Me gustaría que el Estado valorara a esta olvidada parte del país, y dejara de verla como el epicentro de la guerra y la coca. Además, que nos ayudara a tener una vida digna: no es justo vivir al pie de una riqueza como Chiribiquete en medio de una escasez económica inmensa”.

​MÁS ORGANIZADOS

 

El Bajo Caguán está distribuido en 17 núcleos creados por las Farc. Los del uno, liderados por William, comprendieron que con esa figura no podían manejar recursos propios para poner en marcha proyectos que beneficiaran a la comunidad, por lo cual decidieron crear una asociación.

HACE MÁS DE DOS AÑOS NACIÓ LA ASOCIACIÓN CAMPESINA INTEGRAL COMUNITARIA NÚCLEO 1: conformada por las 600 familias del núcleo uno, que ya cuenta con varias acciones en pro de la comunidad.

Uno de los primeros proyectos en los que ha participado la comunidad del núcleo uno y Acaiconucacha, fue unos acuerdos de conservación y entrega de incentivos a cambio de conservar el bosque, liderado por el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi), en el que participaron 140 familias del Bajo Caguán.

 

“Además de conservar las hectáreas de bosque en las fincas, el Sinchi nos dio árboles maderables para sembrar en tres hectáreas, además de matas de cacao y plátano. El proyecto es un sistema alimentario en la finca para autoconsumo y un trabajo con árboles maderables, que nos van a representar en el futuro una economía más o menos estable”.

 

La llegada del Sinchi, en 2015, no fue fácil. “Al principio fue duro, ya que con tantas anomalías en el Caguán estábamos a la defensiva. Para nosotros, todo lo que huela a Estado es como un enemigo. Fueron más de seis meses de reuniones para ganarse la confianza de la comunidad. Poco a poco comprendimos que era un proyecto que nos iba a beneficiar a futuro”.

 

Y ahora, con ayuda de Visión Amazonia, el Bajo Caguán tendrá su propia planta para elaborar concentrados a partir de frutos del bosque y otras semillas. “El ideal es aprovechar el bosque sin dañarlo, vivir de él sin talarlo. Empezaremos por utilizar los frutos de la palma de canangucha para hacer concentrados de calidad para los pollos, cerdos y ganado. El ideal es comercializarlo en la zona, y a futuro en Cartagena del Chairá. La asociación se encargará de la planta”.

VIVIR DEL BOSQUE, LA APUESTA DE 143 FAMILIAS DEL BAJO CAGUÁN 

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Hacia 1890, expedicionarios de la Casa Arana llegaron a los territorios selváticos para extraer los árboles de caucho, actividad que causó el desplazamiento de muchos huitotos hacia lo más profundo del bosque. Finalizada la bonanza cauchera, a Cartagena llegó la Compañía de Hidrocarburos Shell a hacer exploraciones petrolíferas, algo que no dio buenos resultados. Sin embargo, su presencia despertó la primera ola de colonización de campesinos del Huila, Tolima y Antioquia. En 1930 y 1940 llegaron otras empresas petroleras, y con ellas más colonos.

 

Luego, en 1977, varios químicos ingresaron a las selvas caqueteñas con el fin de procesar la hoja de coca, un negocio que tuvo su boom económico un año después y despertó otra gran migración de colonos provenientes del interior del país, quienes en menos de tres años fundaron cerca de 10 caseríos en las orillas del río Caguán.

 

Durante muchos años, los nuevos habitantes de Cartagena del Chairá vivieron de la bonanza cocalera, actividad que también fue aprovechada por la guerrilla de las Farc y los narcotraficantes. En los 80, los narcos le pagaban a un colono un millón de pesos por un kilo de pasta de coca. Hoy en día, el municipio supera los 33.000 habitantes, su mayoría colonos, distribuidos en el más de 1,2 millones de hectáreas que conforman el territorio.

 

Con el declive de la coca, producto de los programas de erradicación de cultivos ilícitos del gobierno y las fumigaciones, los habitantes del Bajo Caguán, zona rural de Cartagena del Chairá donde pululó este cultivo ilegal, dieron un vuelco hacia una actividad legal pero más perjudicial para la naturaleza: la ganadería, que ahora tiene en serios aprietos a los bosques amazónicos.

 

En 2018, el censo bovino del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) reportó la presencia de 232.653 bovinos en Cartagena del Chairá, lo que lo convierte en el octavo territorio con mayor cantidad de reses en el país. También registró 1.641 fincas ganaderas.

 

Por su parte, cifras del Ideam del mismo año, revelaron que Cartagena del Chairá fue el tercer municipio en Colombia que más perdió bosque, con más de 17.000 hectáreas, después de San Vicente del Caguán y La Macarena, una masacre ambiental relacionada con la actividad pecuaria.

 

NUEVAS OPCIONES 

 

Cartagena del Chairá siempre ha figurado entre los tres territorios colombianos que más tumban bosque para destinar los terrenos en otras actividades productivas, antes la coca y ahora la ganadería.

 

Esto fue lo que llevó a la iniciativa Corazón de la Amazonia, financiada por el Fondo Mundial Ambiental (GEF por sus siglas en inglés) a través del Banco Mundial, y en donde participan entidades como el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi), Ministerio de Ambiente, Ideam y Parques Nacionales, a consolidar en 2015 varias alternativas que le permitieran a los campesinos del Caquetá y Guaviare conservar y aprovechar las bondades de los bosques.

 

Así nació el proyecto ‘Conservación de bosques y sostenibilidad en el Corazón de la Amazonia’, que contempló la puesta en marcha de un programa sectorial para la sostenibilidad y el manejo del paisaje, liderado por el Sinchi y Minambiente, que tiene como fin estimular las prácticas de manejo de la tierra y otros recursos naturales para controlar los motores de la deforestación, además de mejorar los medios de vida de la población local.

 

Jaime Barrera, investigador del Sinchi y coordinador de este programa, informó que la iniciativa tuvo como nicho varios municipios que hacen parte del Parque Nacional Natural Chiribiquete, área protegida que en 2015 sumaba más de 2,7 millones de hectáreas, antes de su segunda ampliación, donde hacía presencia el Bloque Sur de las Farc. 

 

“El programa nace para frenar las amenazas en Chiribiquete, en especial la deforestación, las cuales podrían acentuarse cuando ampliara su área. Seleccionamos como zonas de trabajo los municipios de Calamar y San José del Guaviare en Guaviare, y Cartagena del Chairá en Caquetá. Quisimos incluir a La Macarena en Meta y San Vicente del Caguán, pero por cuestiones de orden público no fue posible”. 

 

Según Barrera, el ideal era que los campesinos comprendieran que la conservación va más allá de dejar el bosque quieto, y que pueden aprovecharlo por medio de actividades sostenibles y sacarle jugo a los diversos servicios que presta, por medio de alternativas económicas que no afecten a los recursos naturales.

 

“Por eso trabajamos de la mano con el sector agricultura, para poder implementar buenas prácticas con enfoque agroambiental y un manejo de producción sostenible, proceso que hemos realizado con el campesino de a pie. El bosque hay que verlo productivo, pero no tumbarlo. Por años, los habitantes del campo han visto al bosque como un impedimento para titular. La Reforma Agraria tuvo una mala interpretación: decía que para recibir beneficios debían tener las dos terceras partes del predio productivo, lo que para ellos significaba tumbar el bosque. Eso llevó a la informalidad de la tierra en la Amazonia”, dijo el investigador del Sinchi.

ACUERDOS DIPLOMÁTICOS 

 

En el Bajo Caguán, el primer paso de esta estrategia fue vencer la falta de fé y poca credibilidad que la población tiene de las entidades del Estado, producto de las cinco décadas de conflicto armado con las Farc.

 

“Durante más de seis meses de socializaciones y capacitaciones con la comunidad y líderes de 12 veredas del Bajo Caguán, ubicadas entre Remolinos del Caguán y El Guamo, tratamos de vencer ese escepticismo hacia la institucionalidad. Por el conflicto armado, muchas entidades se vieron obligadas a abandonar el territorio y no seguir con los procesos, factores que causaron una falta de fé en la población”, afirmó Barrera.

 

Para que los campesinos dejaran de tumbar, el Sinchi les propuso acuerdos voluntarios de conservación para que protegieran las zonas boscosas, “que incluían incentivos como capacitación, transferencia de tecnología, valoración del bosque, estímulos para la reconversión productiva, siembra de árboles maderables y mano de obra. El canje no consistía en darles dinero por dejar el bosque quieto, ya que ese es un incentivo perverso que no garantiza que en el futuro no tumben lo conservado”, anotó el experto.

 

143 familias de la zona decidieron participar, quienes primero recibieron más de 150.000 árboles maderables de especies como achapo y abarco, para que sembraran en por lo menos tres hectáreas de sus fincas. 

 

“Les hicimos ver que si hubieran sembrado estos árboles hace 20 años, hoy tendrían una madera que les representaría ingresos para mejorar su calidad de vida. Les dijimos que vieran a estos árboles como su pensión futura. Un árbol en pie de una madera fina como abarco, cedro abarco, achapo, nogal o roble, puede costar un millón de pesos. Es decir que si un campesino tiene una hectárea con 250 de estos árboles, tendría una suma de dinero bastante considerable”, dijo Barrera.

 

Pero algunos campesinos querían poner hacer algo más en los terrenos donde iban a sembrar las especies maderables. Entonces, el Sinchi les propuso desarrollar sistemas agroforestales, es decir mezclar los árboles maderables con cultivos como cacao y plátano. 

 

“Muchos escogieron el cacao, ya que es un cultivo que conocen y representa buenos ingresos. Sin embargo, la mayoría destinó sus hectáreas solo para especies maderables. También aplicaron en sus tierras modelos de enriquecimiento de rastrojos, una ayuda para recuperar o restaurar áreas de bosques secundarios con especies maderables como fono negro, flor morado, capirona, ahumado negro, medio comino y cachicamo”.

 

Para Barrera, uno de los principales logros de esta estrategia es que las familias aprendieron a ver el bosque como una inversión a largo plazo. “En 20 años, estos árboles maderables serán su pensión. Los campesinos nunca recibirán eso, ya que no cotizan. Cuando ya no puedan levantar un azadón, un machete o una pala, tendrán recursos para contratar a alguién que lo haga de manera legal. En una hectárea con estos árboles, como mínimo podrán obtener 100 millones de pesos”.

 

En los cuatro años que duró del programa sectorial para la sostenibilidad y manejo del paisaje, el Sinchi logró que casi 6.000 hectáreas de bosque en el Bajo Caguán tuvieran acuerdos de conservación, lo que beneficia a más de 500 personas que hacen parte de las 143 familias que decidieron participar. 

 

Entre tanto, en San José del Guaviare y Calamar participaron 232 familias de 30 veredas, quienes firmaron acuerdos para blindar más de 5.300 hectáreas de bosque.

 

PLANIFICACIÓN PREDIAL 

 

La estrategia para combatir la deforestación no incluyó solo la siembra de árboles maderables y enriquecimiento de rastrojos. El Sinchi puso en marcha una planificación predial participativa, es decir construir sus fincas y conocer lo que hay en ellas.

 

Según Barrera, los campesinos del Bajo Caguán no cuentan con títulos de propiedad o mallas catastrales, factores que les impiden conocer lo que albergaba sus tierras. “A cada familia le hicimos un polígono de su predio, donde incluímos las áreas de bosque. Con el uso de imágenes satelitales de alta resolución dejaron de ver el territorio plano y evidenciaron realmente lo que tienen. La planificación predial consiste en identificar dónde está el predio, realizar un diagnóstico rural para estimar lo que produce, cuánto cuesta, qué ingresos genera y si tiene derecho a créditos o no”.

 

En pocas palabras, según el investigador del Sinchi, fue planear cada finca a 10 años, mostrando las áreas de bosque con conservación, las rondas de los cuerpos de agua para hacer restauración y las zonas con pastos, rastrojos y cultivos que tendrán usos silvopastoriles, enriquecimientos forestales y sistemas agroforestales”. 

 

Más de 24.500 hectáreas del Bajo Caguán ahora cuentan con una planificación predial, una herramienta que contiene las acciones a corto, mediano y largo plazo con el componente forestal incorporado en los sistemas de producción.

 

Otra actividad fue construir un módulo de producción limpia y agricultura orgánica. “Como la mayoría de las familias tienen ganado, empezamos a trabajar con el estiércol. Cuando las vacas hacen sus necesidades, están caen como plasta y el suelo no las asimila porque están demasiado concentradas, y no sirven para abonos. Salen conchales de pasto y a las vacas no les gustan. Les planteamos recoger las heces en el establo y hacer abonos limpios. Les enseñamos cómo hacerlo para después aplicarlos en los potreros”, argumenta Barrera.

 

Entre los incentivos que recibieron las familias del Caguán también estuvieron cercas para delimitar sus fincas y recursos económicos para pagar la mano de obra. “La mayoría de la población no vive de lo que da la finca, ya que no les alcanza para vivir. Muchos tienen que salir a jornalear para ganar ingresos extraprediales. Cuando hicimos el diagnóstico, nos dimos cuenta que si poníamos a la gente a trabajar cuatro meses sembrado no podían salir a ganar sus recursos, y así afectaríamos su nivel de vida. Entonces les dimos recursos para contratar mano de obra o ingresos por el tiempo que no pudieron ir a las otras fincas a trabajar”.

 

En resumidas cuentas, Barrera resume los beneficios de esta estrategia de conservación de la siguiente manera: “firmamos acuerdos, hicimos una planeación predial en las fincas, montamos sistemas agroforestales y les dimos incentivos para su seguridad alimentaria. Ahora, cada familia tiene un mapa actual de su predio, un documento que dice hacia dónde la quiero llevar”.

 

El Sinchi puso en marcha una planificación predial participativa, es decir construir sus fincas y conocer lo que hay en ellas.

​LÍDERES, LAS MANOS AMIGAS

El Sinchi realizó 123 talleres con las comunidades del Bajo Caguán, un trabajo que estuvo articulado con los líderes comunitarios y los presidentes de las juntas de acción comunal. “No movimos un dedo sin antes consultarle a la población. En cada una de las socializaciones iban apareciendo esos líderes que fueron los que jalonaron a la demás gente para conocer el proyecto. Ellos fueron los que nos abrieron las puertas del Bajo Caguán a los cinco funcionarios del Sinchi que participamos en la estrategia”, anota Barrera.

 

Además, más de 60 personas de la comunidad, entre ellas estudiantes de colegio, fueron contratadas para realizar las siembras y el trabajo de campo. “El ideal fue involucrar a los enlaces locales de la comunidad en el proceso. También sensibilizamos a los estudiantes de colegio y construimos viveros. Cuatro años de trabajo han dado sus frutos: la comunidad logró canalizar las ofertas de las instituciones y el tema de los bosques está más empoderado”.

 

MANEJO FORESTAL COMUNITARIO, NUEVO RETO 

 

El trabajo por los bosques en el Bajo Caguán no para. Con las 600 familias que hacen parte de la Asociación Campesina Integral Comunitaria Núcleo 1 (Acaiconucacha), a la que pertenecen las más de 140 que participaron en los acuerdos de conservación de bosque del Sinchi, ya inició un trabajo de manejo forestal comunitario que les permitirá generar ingresos a partir de los bosques.

 

Acaiconucacha está conformada por gente de las veredas como El Guamo y La Palma, que tienen las zonas boscosas en mejor estado de conservación. En esta área, Visión Amazonia, a través del programa REM Colombia, que cuenta con el apoyo financiero de Alemania, Noruega y Reino Unido, pondrá en marcha un núcleo de desarrollo forestal de especies maderables y no maderables.

 

Según Barrera, Visión Amazonia tiene financiada la fase del aprovechamiento de productos no maderables, que arrancará con la palma canangucha, también conocida como moriche o mirití, ya que la comunidad ha evidenciado que abunda en su territorio. 

 

“Estos cananguchales son ecosistemas humedales que sirven como esponjas en la Amazonia, regulan las crecientes de los ríos y distribuyen el agua de manera ordenada, evitando así inundaciones. Además, su fruto cuenta con nutrientes, proteínas, grasas, vitaminas y fibra que sirven para fabricar concentrados que sirven para la alimentación especies menores y levante de terneros”.

 

Con la canangucha, las familias de Acaiconucacha tendrán un recurso local y una materia prima para desarrollar una pequeña industria de concentrados, algo que para Barrera beneficiará el bolsillo de la comunidad. “Llevar concentrados a la zona es muy costoso por la lejanía, por lo cual una buena opción es desarrollar una pequeña industria de concentrados con materia prima local o producida por la gente, extraída del bosque de una forma sustentable. Además, los frutos de la canangucha tienen potencial para elaborar productos cosméticos”.

 

El plan de vida de la asociación, que fue pulido por el Sinchi, tiene la meta de reducir las actividades ganaderas en no más de 30 hectáreas por finca, que ya fueron parches afectados tiempo atrás. “En esas zonas quieren mejorar su producción de una forma sostenible. El ideal es que la materia prima de la palma con destino a los concentrados suplemente los procesos de producción pecuaria en la zona y evite nuevas deforestaciones”, anotó el ingeniero agrónomo.

 

Para convertir los frutos de la palma en concentrados, Acaiconucacha contará con una planta de aprovechamiento, que será construida en la vereda de El Guamo y la cual ya tiene financiación por parte del programa REM de Visión Amazonia. 

EL INSTITUTO AMAZÓNICO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (SICHI), POR MEDIO DE LA INICIATIVA CORAZÓN DE LA AMAZONIA, LOGRÓ QUE ESTAS FAMILIAS FIRMARÁN ACUERDOS VOLUNTARIOS DE CONSERVACIÓN PARA PROTEGER CASI 6.000 HECTÁREAS DE BOSQUE DEL BAJO CAGUÁN, EN DONDE ADEMÁS HAN SEMBRADO ÁRBOLES MADERABLES Y CULTIVOS COMO CACAO Y PLÁTANO. 

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Sin embargo, sus peculiares rasgos físicos provienen de otro pueblo, uno que tuvo sus dominios en las fértiles y frías tierras de la sabana de Bogotá, donde las lagunas y ríos fueron sitios de adoración y ofrendas de oro: los muiscas.

 

Cindy González nació en Bogotá hace 30 años. Sus padres también son rolos, al igual que sus hermanas y abuelos, pero todo indica que su bisabuelo era muisca. No hay pruebas fehacientes sobre esa procedencia, pero su cara habla por sí sola, al igual que su personalidad calmada, cálida, sonriente y analítica.

 

Desde muy pequeña tenía claro que quería a dedicar su vida adulta a defender las comunidades. Por eso estudió sociología en la Universidad Nacional, una carrera que le ha permitido estar en varios sitios alejados como las selvas del Putumayo, Buenaventura y Tumaco, además de trabajar con indígenas desplazados en Bogotá.

 

Hace cuatro años, Cindy fue contratada por el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi) para liderar un proceso de socialización en el Bajo Caguán, zona rural de Cartagena del Chairá conocida por ser uno de los principales epicentros de las Farc y uno de los sitios con mayor cantidad de cultivos de coca, algo que la llenó de adrenalina y expectativa.

 

Dejó Bogotá y se radicó del todo el Florencia, capital del Caquetá. Primero vivió en la casa de unos profesores, quienes le contaron relatos del Bajo Caguán. Pero ya había leído bastante sobre la historia de guerra y sufrimiento. “Llegué con mucha expectativa e inquietud. Para mí era una zona mítica, que para el resto del país solo simboliza cosas malas. Leí un libro llamado Colonización, Coca y Guerrilla, que resume claramente las tres estampas por la que es conocido el Bajo Caguán. Anhelaba conversar con la gente”.

 

También quería corroborar si la zona seguía siendo un fortín de coca, como muchos de los habitantes del interior del país creen. “Había visto un documental de los años 70 y 80 del Caguán, La ley del monte, que tiene imágenes de ese boom cocalero. Pensaba que todo seguía igual y que la gente continuaba viviendo de eso”.

 

ABANDONO

 

El propósito del Sinchi era estimular las prácticas de manejo de la tierra y otros recursos naturales para controlar los motores de la deforestación, para lo cual trabajaría con 150 familias del Bajo Caguán en acuerdos de conservación de bosques, entrega de insumos como árboles maderables y sistemas agroforestales con cacao y plátano, y una planificación predial.

 

Cindy recuerda vívidamente sus primeros recorridos por el río Caguán, de más de diez horas, para llegar a las más de 30 veredas que hay en la zona. “Lo primero que aprendí es que la coca ya no hace parte del panorama. Por ejemplo, cuando fui a Remolinos del Caguán, que me habían dicho era el epicentro del comercio de ese negocio, me encontré con un sitio solitario y con casas de madera desocupadas. Eso fue muy fuerte para mí. Se sentía el abandono por todo lado”.

 

Peñas Coloradas, una antigua vereda que hoy luce carcomida por el tiempo, la marcó. Con lágrimas en sus ojos recuerda su primer contacto con ese sitio. “Me causó mucho dolor y tristeza. Toda la población tuvo que desplazarse por los enfrentamientos del Ejército con las Farc. Hoy en el sitio tiene su sede la Armada. La ocupación militar me causó terror. Además, los militares le hablan brusco a la gente, como gritando. Hasta a las señoras con bebés”.

 

Indagó más sobre el caserío abandonado. En los 2000, Peñas Coloradas era el principal puerto de coca del Bajo Caguán. Era su fuerte y había mucho comercio y gente. En 2004, con el Plan Patriota del gobierno, inicia su decadencia. “La guerrilla estaba muy cerca al pueblo, en una finca cercana fue donde detuvieron a Sonia, jefe de finanzas del Bloque Sur. En esa época iniciaron los enfrentamientos con el Ejército. Las Farc le avisaban a la comunidad cada vez que iban a encontrarse, y la gente salía por un tiempo. Pero en mayo, el Ejército no se fue, y la gente perdió todo”.

 

GENTE PREVENIDA

 

La primera reunión del Sinchi con la comunidad fue en diciembre de 2015, en Remolinos del Caguán. Fueron convocados los presidentes de las juntas de acción comunal y las directivas de los núcleos uno y dos. Cindy pensó que sería sencillo: presentar el proyecto y empezar a trabajar. Pero no. 

 

“Todos estaban prevenidos. No creían en ninguna entidad del gobierno. Además, pensaban que un proyecto de conservación de bosque les iba a quitar sus tierras. Tampoco estuvieron de acuerdo en que la iniciativa no cobijara a toda la comunidad, ya que solo era para 150 familias”. 

 

Sus personalidades eran fuertes, con voz de mando y tercas. “Siempre estaban a la defensiva. El Estado no es bien visto por acá. Entonces, mi tarea fue escucharlos, conocer sus historias y entender su realidad. Por ejemplo, no deben ser llamados colonos, ya que hay gente nacida en la zona, caguanenses, las nuevas generaciones. Aprendí mucho de su realidad rural, con profundas cicatrices de la época de la seguridad democrática, donde hubo detenciones masivas a los campesinos. Ya sabía algo de esa historia, pero no dimensionaba la verdad”.

LA PRIMERA GRAN REUNIÓN DEL SINCHI CON LA COMUNIDAD

FUE EN DICIEMBRE DE 2015, EN REMOLINOS DEL CAGUÁN. 

ESCUCHAR, LA CLAVE

 

Desde 2015, Cindy lideró más de 120 reuniones y talleres con la comunidad de El Bajo Caguán, tratando de convencerla de que un proyecto de conservación del bosque iba a representar ganancias a futuro. Los primeros seis meses fueron difíciles, ya que la gente no estaba convencida.

 

“Al final logramos trabajar con 143 familia. La clave, para mí, fue dejar hablar a la gente, así fuera de temáticas ajenas al proyecto. Los dejaba desahogarse y que me contaran lo que quisieran, sin afanes y con mucha paciencia. Entendí el por qué de su rechazo hacia el gobierno, ya que la región solo ha conocido la cara no amable del Estado. Si llega una entidad es normal que estén como un puercoespín”.

 

Luego de escuchar, Cindy trató de encontrar puntos en común, pero con mucho cuidado de lo que dijera. “Trato de ser muy cuidadosa con mis palabras, de no generar expectativas ni nada imposible de cumplir. Hablar con la verdad. Una de las cosas más difíciles fue hacerles entender que el bosque es más valioso que un pastizal. Para ellos, lo que vale es el pasto, algo que tiene sus raíces en la época de la Caja Agraria y el Incora, que daban crédito entre menos bosque tuviera la finca. Ese discurso generó estragos: de las familias participantes, solo una dijo que el bosque era más valioso”.

 

Además de conservar las hectáreas de bosque en las fincas, el compromiso era destinar tres hectáreas para arreglos agroforestales: siembra de árboles maderables con cultivos como cacao y plátano. “Les dimos más de 120.000 árboles de especies como abarco, cachicamo, ahumado negro, achapo, flor morado y medio comino, las cuales en 20 años les van a representar buenos ingresos y pueden aplicar a créditos antes el Banco Agrario, porque es un proyecto productivo”.

 

Esta joven también participó en la conformación de la Asociación Campesina Integral Comunitaria Núcleo 1 (Acaiconucacha). “Los núcleos del Caguán fueron conformados después de las marchas cocaleras, pero no tienen reconocimiento legal. Les ayudamos a consolidar una asociación que ahora les permite ejecutar proyectos y los fortalece como comunidad. Los líderes han comprendido que la conservación no es dejar el bosque quieto, sino que se puede aprovechar pero respetándolo”.

 

UNA AMIGA

 

Con la mayoría de presidentes de las juntas de acción comunal y con los líderes del Bajo Caguán, Cindy construyó fuertes lazos de amistad. “Me contaron su vida y yo la mía. Es algo muy bonito, y eso que yo solo venía una semana cada mes. Muchos me invitan a las fiestas de 15 de sus hijas y a las celebraciones. La gente del Caguán se apoderó de mi corazón”.

 

Según esta socióloga, la comunidad del Bajo Caguán está más abierta a conocer proyectos e iniciativas del Estado. “Acá hay muchas necesidades sin atender, por lo cual les he insistido en que escuchen antes de tomar una decisión. Si llegan más entidades, tienen que ser estratégicos para aprovechar las oportunidades”.

 

Las necesidades insatisfechas de sus nuevos amigos abundan como arroz. “He visto cosas tan inverosímiles. Sin las Farc, a las juntas les toca encargarse de todo, como resolver conflictos de linderos, separaciones de parejas y hasta levantamientos de cuerpos. Hace poco encontraron a un señor muerto en su finca. Al parecer fue asesinado. La junta le comentó a la Armada, que es la única representación del Estado en la zona. Los militares dijeron que no era su función. Llamaron a las entidades de Cartagena del Chairá y la respuesta fue que enviaran el cuerpo. Con ayuda del padre, pagaron el transporte por río. Eso no debería pasar”.

 

La educación es precaria. Aunque cada vereda tiene una escuela, si no hay un cupo mínimo de niños, no llega un maestro. “Así es en la primaria. Para bachillerato hay dos internados, que no todos pueden pagar. La gente no tiene dinero para enviar a los niños todos los días en lanchas para que estudien. Las niñas poco van al colegio, por miedo de sus padres a que les pase algo y queden embarazadas. La salud es la peor de todas. Si a alguien le pasa algo grave, fijo se muere. No hay cómo atenderlo”.

 

Cindy quiere seguir trabajando por esta comunidad. Por ahora, participará en la puesta en marcha de una planta de concentrados con frutos de palmas. “La gente ama a su Caguán. Por eso hay que hacer cosas para que no se vayan a otros sitios. No solo porque el campo quedará solo, sino porque así llegan los finqueros a comprar más terreno y tumbar todo el bosque”.

 

Especial:

En las entrañas del bajo Caguán

Edición:

Ruby Marcela Pérez.

 

Periodista: 

Jhon Barros.

Fotografías:

Jhon Barros - Instituto Sinchi.

Diseño:

Brenda Guerrero.

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